Política de no acogida: Europa, una fortaleza cada vez mayor

Desde hace varios meses, la Unión Europea y sus Estados redoblan sus esfuerzos para acelerar la implementación del Pacto sobre migración y asilo (ver el boletín informativo de marzo de 2024), así como endurecer la legislación europea. El objetivo es evidente: acoger cada vez menos, externalizar cada vez más.

© Migreurop

En los últimos tiempos, la Comisión Europea ha propuesto varias medidas sumamente inquietantes: modificación del reglamento sobre el procedimiento de asilo, revisión de la directiva «retorno» (que enmarca las expulsiones de personas en situación irregular o solicitantes de asilo a quienes hayan rechazado) y una aplicación anticipada de las medidas clave del Pacto.

Entre ellas, las más preocupantes son:

• Redefinición de la noción de «país de retorno»: hasta ahora, se podía expulsar a una persona a su país de origen, un país de tránsito que contara con un acuerdo de readmisión o cualquier otro país al que aceptara ser enviada. El consentimiento era esencial. Sin embargo, la nueva propuesta permitiría la expulsión de estas personas exiliadas a países donde jamás han puesto un pie, del que no conocen absolutamente nada y sin su consentimiento (so pretexto de que dichos países podrían estudiar su solicitud de asilo y ofrecerles «protección»).

• Creación de una lista europeas de «países terceros seguros» para el estudio de las solicitudes de asilo: este concepto permite transferir a los/as solicitantes de asilo a un país tercero considerado «seguro», en lugar de tratar la solicitud en el país donde se haya presentado. La Unión Europea prevé crear una lista común de países a los que enviar a las personas que busquen asilo, para tratar allí las solicitudes.

• Armonización de las listas de «países de origen seguros»: hasta ahora, cada Estado miembro contaba con su propia lista nacional, lo cual permitía un tratamiento acelerado de las solicitudes, al considerar, de forma cuestionable, que las personas que salen de dichos países no necesitan protección internacional. A partir de ahora, se impondrá a todos los Estados miembros una lista única y vinculante, disfrazándolo de armonización.

En este momento, en la lista se encuentran: Kosovo, Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos, Túnez, así como los países candidatos a la UE: Albania, Bosnia-Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania. No obstante, muchos de ellos son a menudo señalados por graves violaciones de los derechos humanos (lo que, por el contrario, justificaría una protección internacional). Numerosas asociaciones alertan sobre el peligro que representa esta clasificación, a todas luces arbitraria: esta supondrá un impedimento para muchas personas vulnerables que quieran acceder a algún tipo de protección.

• Aplicación anticipada de medidas clave del Pacto: desde ahora, los Estados miembros podrán poner en marcha procedimientos acelerados para cualquier persona procedente de un país cuyo nivel medio de protección, según lo acordado en la UE, sea igual o inferior al 20 %. Puesto que el procedimiento acelerado es un estudio superficial de la solicitud de asilo, en la mayor parte de los casos este se traducirá en una expulsión.

Estas evoluciones legislativas, en apariencia técnicas, suponen un grave punto de inflexión: marcan el abandono progresivo del propio espíritu del derecho a asilo en Europa. A modo de recordatorio, los Convenios de Ginebra establecen que cualquier individuo tiene derecho a solicitar asilo si es perseguido debido a su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas. Se impone a los Estados signatarios proteger a los/as refugiados/as y no se les debe enviar a un país donde su vida o su libertad se vieran amenazadas.

De momento, estas reformas están en fase de construcción, pero es más que probable que el Parlamento Europeo y el Consejo las validen en breves.

Emaús Europa sigue de cerca estas evoluciones en colaboración con sus socios Migreurop y ECRE. Asimismo, estaremos presentes en junio en la Conferencia general anual de ECRE para tratar todas estas cuestiones. Ya estamos trabajando en un plan estratégico de incidencia de ECRE, que se implementará para los próximos cuatro años.