Nuestras acciones

Comisión Europea 2024-2029: austeridad y competitividad

Ya conocemos la lista de comisarios/as europeos/as propuestos/as para el mandato de 2024-2029. Sin que sea una sorpresa para nadie, la Comisión Europa toma una deriva preocupante para el futuro de nuestras actividades y valores. Es ahora el turno del Parlamento Europeo de probar a todas y cada una de estas personas, con el objetivo de validar o no su nombramiento como comisarios/as europeos/as.

Es especialmente preocupante la gran presencia de las fuerzas conservadoras y de la derecha, puesto que, a escala europea, a menudo estos partidos se oponen a nuestra causa y comparten pocos de nuestros valores. Esto plantea una serie de inquietudes en cuanto a su capacidad a la hora de defender los derechos sociales, la igualdad y la justicia climática, desafíos que deberían ser el centro mismo de las preocupaciones europeas. Entre los/as 27 comisarios/as propuestos/as (uno/a por cada Estado miembro), 12 provienen de partidos conservadores, 5 de partidos liberales y 1 de un partido de extrema derecha. Además, 5 son independientes, aunque en realidad son más afines a partidos de derecha y de extrema derecha. Tan solo 5 comisarios/as pertenecen a partidos demócratas.

En el fondo, también nos preocupa la desaparición del título de comisario de asuntos sociales y de empleo, así como el nombramiento de tres comisarios/as diferentes a cargo de las políticas migratorias, con un predominio de términos como «prosperidad», «competitividad» y «seguridad». En las cartas dirigidas a los comisarios para definir sus misiones, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, defiende abiertamente una visión de Europa basada en la competitividad, el crecimiento económico y la seguridad. En Emaús, esta elección nos pone en alerta porque promueve una Europa de fronteras cada vez más cerradas y un modelo económico que da prioridad a las grandes empresas, dejando así a un lado los desafíos sociales, los derechos humanos y los imperativos ecológicos.

En cualquier caso, hay que destacar algunos aspectos positivos. La creación de un puesto de comisario dedicado a la economía circular, siendo una de sus tareas trabajar en la elaboración de una ley sobre esta. Por otro lado, la creación de un puesto de comisario sobre «energía y vivienda» tiene ahora como parte integral de sus misiones europeas las cuestiones ligadas al acceso a la vivienda. Por último, se ha anunciado la implementación de una estrategia antipobreza, en la que trataremos de tomar partido junto a nuestros socios, a pesar del contexto político poco favorable para la reducción de las causas de la miseria.

Rechazo del acuerdo entre Reino Unido y Ruanda

Emaús aplaude esta decisión, pero alerta contra la proliferación de acuerdos de esta índole que afectan a los derechos de las personas exiliadas en Europa.

Tras la llegada al poder del Partido Laborista en Reino Unido el 4 de julio de 2024, el nuevo primer ministro anuló el acuerdo de traslado forzoso de las personas exiliadas a Ruanda. Emaús se congratula por esta decisión que impide la implementación de un peligroso acuerdo, que atenta directamente contra los derechos humanos. No obstante, la creciente multiplicación de este tipo de acuerdos en Europa es del todo preocupante.

El pasado 23 de abril, el parlamento británico adoptó la ley Safety of Rwanda. Haciendo oídos sordos a los llamamientos de las organizaciones de la sociedad civil, de los Lores e incluso de miembros expertos/as de la ONU, el gobierno de Rishi Sunak pasó por el alto el dictamen de su propio Tribunal Supremo (que se había pronunciado de forma unánime sobre la «ilegalidad» del acuerdo Ruanda del 15 de noviembre de 2023), para poner en marcha un acuerdo que permitiera a Reino Unido deportar a Ruanda a las personas que hubieran llegado al territorio sin autorización. Emaús celebra que se haya detenido este proyecto.

Sin embargo, queremos alertar acerca de la proliferación de estos acuerdos. En efecto, el acuerdo con Ruanda entra dentro de una dinámica similar a la que llevó a la adopción de otros acuerdos, tales como el de Italia y Albania, del 6 de noviembre de 2023. Este permite que Italia reubique en Albania el tratamiento de las solicitudes de asilo de ciertos/as ciudadanos/as extranjeros/as interceptados/as o socorridos/as en el mar por las autoridades italianas.

Esta tendencia es particularmente preocupante puesto que quince Estados miembros de la UE[1] pidieron a la Comisión europea adoptar un modelo similar en Europa. En una carta enviada el pasado 15 de mayo, estos Estados llegaron incluso a sugerir una revisión del concepto «país tercero seguro», con el fin de restringir, más si cabe, las garantías de los derechos de las personas exiliadas. Todo esto se añade al arsenal legislativo que ya han desplegado numerosos Estados con el objetivo de impedir a toda costa que las personas circulen y se instalen en su territorio, en un detrimento cada vez mayor de los derechos humanos.

El Pacto europeo de migración y asilo, adoptado el 14 de mayo de este año, no es una excepción, puesto que trata sin tapujos de acelerar la reconducción de personas en situación irregular, además de reforzar la externalización de las fronteras. Tanto en el acuerdo con Ruanda y Albania, como en el Pacto, se observa un aumento del lugar que ocupan los dispositivos de seguridad y de asilamiento, en comparación con los verdaderos mecanismos de acogida y solidaridad. Alentados por objetivos electoralistas a corto plazo, los Estados miran hacia otro lado frente a las realidades que viven las personas migrantes y al apoyo y despliegue de políticas que precarizan, deshumanizan y excluyen. Lejos del reparto de responsabilidades preconizado, los instrumentos legislativos subsiguientes se alejan cada vez más de los convenios internacionales y de los derechos que los propios Estados se comprometieron a respetar.

Si bien los resultados de las elecciones europeas han dado lugar a un inquietante auge de la extrema derecha, esta tendencia actual de aislacionismo, sumada a la progresión de los gobiernos autoritarios y conservadores, debe alertarnos seriamente.

Presente en 43 países, de los cuales 21 europeos y 9 africanos, el Movimiento Emaús le da vida a diario a los principios de acogida y solidaridad. Estos principios pueden abarcar diferentes realidades según el contexto: acoger de forma digna a las personas que han migrado en busca de una vida mejor, así como poner en marcha actividades socioeconómicas que impliquen a las personas más excluidas, permitiéndoles vivir en condiciones dignas, vengan de donde vengan. Emaús defiende la libertad de circulación y de asentamiento para todas y todos, pero trabaja también cada día para que las perspectivas de una vida digna sean posibles allá donde está presente.

Estos acuerdos forman parte de un continuum de acuerdos que expande aún más las fronteras de Europa y que considera las vidas humanas como moneda de cambio. Nos negamos a quedarnos en silencio ante la ilegalidad de unos acuerdos que amenazan la integridad de las personas exiliadas, que tan solo piden ejercer su derecho de circulación, como cualquier otro ser humano.

Emaús Internacional y Emaús Europa abogan por que se implementen las siguientes medidas:

• El respeto de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Acuerdo de Ginebra
• El fin de la política de externalización de fronteras
• La recuperación de una verdadera política de visados
• El fin de la detención de personas exiliadas

¡Abogamos por una gobernanza mundial alternativa de las migraciones, que se base en el respeto de los derechos fundamentales y el principio de ciudadanía universal!

[1] Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Grecia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia y Rumanía